Pubicado en Diario 16 28/2/11 (Foto tomada de Dinero.com)

Rodrigo Botero es un reconocido economista colombiano. Ha sido Ministro de Economía [Hacienda y Crédito Público] (1974-76) y se le considera uno de los creadores e impulsores de la tecnocracia que desde los años sesenta se encarga de la política económica colombiana. En 1970 fundó el prestigioso centro de investigación FEDESARROLLO, del que fue primer Director Ejecutivo. Desde muy temprano defendió la apertura de Colombia a la competencia internacional, enfrentando a las voces que planteaban modelos proteccionistas en boga en los años setenta. Diario 16 lo buscó para conversar sobre economía, los beneficios de una tecnocracia estable y su apuesta de toda la vida por las instituciones, algo más que pertinente en nuestro contexto electoral.

1. ¿Qué razones lo llevaron, junto a otros economistas, a establecer las bases de una tecnocracia en Colombia allá por los años 60? No ha sido algo común en el resto de países andinos.

La necesidad sentida de reducir la vulnerabilidad externa del país, y su excesiva dependencia del café como principal producto de exportación, motivada por la crisis cambiaria de 1966. Quienes participamos en calidad de técnicos en las negociaciones con los organismos internacionales de crédito, en condiciones precarias, nos hicimos el propósito de procurar que Colombia no volviera a encontrarse en una situación de indefensión económica como la que nos correspondió experimentar. Eso implicaba diversificar las exportaciones, incrementar la capacidad nacional de análisis, darle mayor profundidad a los cuadros técnicos del Estado y fortalecer los aspectos fundamentales del manejo macroeconómico del país. Ésa es la labor que ha cumplido la tecnocracia y la explicación de su influencia.

2. ¿Qué ha ganado Colombia con la consolidación de su tecnocracia?

Ha ganado relativa estabilidad en su trayectoria de crecimiento, continuidad en las directrices centrales de la política macroeconómica y un grado de consenso nacional acerca de los elementos fundamentales de su estrategia de desarrollo. Como pudo constatarse durante la reciente campaña presidencial, las bases del sistema económico no están en juego en cada elección. Lo cual no obsta para que se propongan diferencias de matiz, cambios de énfasis o de prioridades. Ha mejorado la calidad del debate acerca de las políticas públicas. Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos que no suspendió el servicio regular de su deuda externa en los años ochenta. La tecnocracia colombiana tiene credibilidad y legitimidad. Su creciente participación en el manejo gubernamental cuenta con el respaldo de los dirigentes políticos y de la opinión pública. Entidades tecnocráticas, tales como el Banco de la República y Fedesarrollo, un centro de investigación, gozan de reconocimiento nacional y de prestigio internacional.

3. Usted, y parte importante de la tecnocracia, defendieron una estrategia de desarrollo de apertura, incluso en tiempos de fuerte proteccionismo. ¿Siente que la historia reciente de la región ha terminado demostrando que estaban en lo correcto?

Así ha sucedido. En términos generales, América Latina ha dejado de darle la espalda al resto del mundo. Las economías de los principales países latinoamericanos se han estado abriendo al comercio internacional. Con unas pocas excepciones, se han eliminado las restricciones administrativas a las importaciones y se ha reducido el nivel de protección arancelaria. Unos países lo han hecho en forma más acelerada que otros. Pero esa es la tendencia general. El sesgo anti-exportador del esquema proteccionista anterior reducía la competitividad internacional de los países. Aunque parece contra-intuitivo, los gravámenes a las importaciones perjudican las exportaciones de manufacturas. La reducción del proteccionismo ha beneficiado al sector exportador no-tradicional. Es deseable pasar de un esquema cerrado de sustitución de importaciones a ultranza, a uno abierto de promoción de exportaciones, pero no es fácil. Ésa ha sido la experiencia colombiana. El excesivo proteccionismo creaba poderosos intereses que defienden a brazo partido sus privilegios. Tienen los medios para oponer una vigorosa resistencia a los esfuerzos de la tecnocracia por liberalizar el comercio exterior. En Colombia, se requirió un gran esfuerzo de persuasión para iniciar el desmonte del modelo proteccionista. En forma gradual, se ha logrado impulsar un cambio de mentalidad. En la actualidad, una parte importante del sector empresarial moderno apoya la apertura comercial y tiene una creciente participación en la actividad exportadora.

4. En varios países de América Latina los tecnócratas no han tenido problema en apoyar gobernantes de derecha autoritarios. ¿Qué explica que en Colombia varias figuras de la tecnocracia, entre ellas usted, criticaran los excesos de un presidente democrático pero personalista como Álvaro Uribe?

Lo que indujo a la tecnocracia a oponerse al gobierno anterior fue la aspiración reeleccionista, el estilo autoritario de ejercer la autoridad y el talante caudillista. La inconformidad de la tecnocracia con ese comportamiento se enmarca dentro de la tradición histórica colombiana de rechazar a los caudillos y de preferir las instituciones fuertes a los hombres fuertes. La excesiva centralización de las decisiones en la presidencia erosiona los fundamentos de la democracia liberal y le introduce un sesgo discrecional y arbitrario a las políticas públicas. Los economistas le asignan importancia especial a las instituciones como requisito esencial del proceso de modernización. El intento de Álvaro Uribe de perpetuarse en el poder y la consiguiente necesidad de defender la institucionalidad democrática de la Nación produjeron la oposición casi unánime de la tecnocracia.

5. Si tuviera que dar recomendaciones sobre los pasos necesarios para establecer una tecnocracia estable, con capacidad de reproducirse en el tiempo, ¿cuáles serían?

Un requisito indispensable es que los cambios de gobierno ocurran de acuerdo al ordenamiento jurídico del respectivo país. Los cambios inconstitucionales de gobierno impiden la estabilidad de los cuadros técnicos del Estado. Los regímenes de facto conllevan rupturas en la conducción de las políticas públicas, despidos de funcionarios técnicos, pérdida de capital intelectual y de memoria institucional.

Un clima de normalidad política permite consolidar los centros tecnocráticos gubernamentales, tales como el banco central y los organismos de diseño, implementación y supervisión de las estrategias de desarrollo. Es necesario favorecer la formación de cuadros técnicos de relevo, estimulando programas de becas a nivel de posgrado en el exterior y fortaleciendo las entidades académicas y de investigación nacionales.

6. Finalmente, ¿cuál considera el mayor desafío económico actual para países como Perú que dependen en gran medida de la explotación de sus recursos minerales?

En lo que concierne al Perú, no me parece apropiado dar consejos a las autoridades de un país amigo acerca de la conducción de su política económica. Pero las siguientes consideraciones pueden ser relevantes para naciones emergentes exportadoras de hidrocarburos y de recursos mineros.

Disponer de abundantes recursos minero-energéticos constituye una ventaja. Es preferible tenerlos que carecer de ellos. Bien manejados, pueden convertirse en un valioso motor de desarrollo. Por lo tanto, deben entenderse como una oportunidad, más bien que como una maldición. Es cierto que existen casos conspicuos de países cuya riqueza minero-energética se ha desperdiciado, permitiendo una especialización perversa de la economía, y facilitando la corrupción, el despilfarro y la inestabilidad política. Esos males se originan en la debilidad institucional, legislación deficiente y políticas públicas equivocadas. Sin embargo, hay países como Canadá, Australia y Noruega que sirven de ejemplo de buen manejo de la abundancia de recursos mineros y energéticos.

Conviene tener en cuenta la diferencia que existe entre exportar recursos naturales no renovables y exportar frutas o manufacturas. La legislación tributaria debe tener en cuenta ese hecho. Sin llegar a ser punitiva, la tributación del sector minero-energético debe compensar al país exportador en forma adecuada. La política económica debe tratar la mayor parte de esa venta de capital como ahorro, más bien que asignarlo al consumo corriente. Asimismo, la normativa ambiental debe tratar de minimizar el impacto de las actividades mineras y petroleras sobre el medio ambiente, sin volverse prohibitiva. Debe haber incentivos y reglamentos que promuevan la transferencia de tecnología y estimulen los eslabonamientos de los sectores mencionados hacia el suministro local de bienes de capital y de servicios auxiliares.

Sobre este tema deben aprovecharse las experiencias disponibles de mejores prácticas internacionales. Por supuesto, el diseño del marco legal para supervisar y regular la actividad minera tiene claras implicaciones técnicas. Pero en últimas, es un tema de naturaleza política que requiere claridad conceptual, lucidez y coherencia gubernamental.